Acción Ecológica Opina - Serie Subsidios #3: LA FLEXIBILIZACIÓN AMBIENTAL TAMBIÉN ES UNA FORMA DE SUBSIDIO

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Acción Ecológica Opina - Serie Subsidios #3
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*LA FLEXIBILIZACIÓN AMBIENTAL TAMBIÉN ES UNA FORMA DE SUBSIDIO*

Aunque uno de los pretextos para dictar las medidas económicas que 
mantienen convulsionado al país sea eliminar el subsidio a los 
combustibles fósiles, la verdadera razón es que el país pueda cumplir 
con sus obligaciones adquiridas internacionalmente. Sin embargo, estas 
medidas ponen en mayor riesgo, tanto el bienestar de los ecuatorianos, 
como al ambiente, e inclusive incrementará nuestras emisiones de CO2, en 
lugar de reducirlas.

Desde el gobierno anterior, se vienen flexibilizando las regulaciones 
ambientales con el argumento de atraer inversiones. De hecho, la misma 
protección y la defensa del ambiente, los territorios y la naturaleza 
fueron vistos como un estorbo para el proyecto político y sus intereses 
económicos. Esta situación ha continuado en el gobierno de Lenín Moreno.

A través de la Ley de Fomento Productivo o el Código Orgánico Ambiental 
–COA- y su Reglamento, entre otras nomas, se están agilizando los 
procesos de regulación ambiental para el desarrollo de proyectos 
petroleros o mineros y otros, y operativizar la producción, por ejemplo, 
a través de la eliminación o simplificación de trámites.

Entre las cosas que se están eliminando está lo que el gobierno llama 
/valoraciones subjetivas /que, según los empresarios, son impedimentos a 
la inversión pues estarían demorando la entrega de permisos o licencias 
ambientales. Lo que no se dice es que se quiere flexibilizar los 
controles y requerimientos de protección ambiental, y poner los 
intereses económicos sobre los derechos ambientales y de la naturaleza. 
Esto en la práctica resulta en subsidios ambientales a las corporaciones 
públicas y privadas.

Un ejemplo claro es el otorgamiento de licencias ambientales para 
proyectos, obras o actividades. Según el Reglamento del COA, proyectos 
calificados como de poco impacto solo requieren de un mero certificado 
ambiental y no conllevan la obligación de regularizarse; solo se 
requerirán licencias para las operaciones de mediano o alto impacto, 
cuando antes, como debe ser, cualquier proyecto a ejecutarse requería de 
una licencia ambiental. Otro aspecto tiene que ver con la 
discrecionalidad para calificar el nivel de impacto de los proyectos; 
¿cómo se incluye la opinión de la población afectada al establecer que 
un proyecto tendrá poco impacto?

De múltiples maneras, los servicios ambientales y los mecanismos de 
compensación de carbono y de la biodiversidad, reconocidos en el 
Reglamento del COA, también son formas de subsidiar a las empresas 
porque les resulta  barato “compensar” sus daños ambientales, en lugar 
de evitarlos; las corporaciones impunemente, no solo se ahorran en el 
uso de tecnologías no contaminantes, sino que gracias a los dones de la 
naturaleza pretenden compensar los impactos causados.

EL COA y su Reglamento también señalan que entre las obligaciones que 
tiene el operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o 
mixta, está la de prevenir, evitar, reducir, los impactos y riesgos 
ambientales pero: /en los casos que sea posible/, minimizando el deber 
de evitarlos.

Los recientes acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
acrecientan esta grave situación al imponer que el país se acoja a las 
“ventajas comparativas” que tiene, es decir vender materias primas y 
productos primarios como petróleo, minerales o madera o productos 
provenientes del agronegocio como el banano, las flores, el camarón, la 
pesca blanca, que son actividades de muy alto impacto ambiental y 
también social.

Bajo cualquier costo, el gobierno quiere explotar la naturaleza y a los 
trabajadores, afectar tanto la salud de las poblaciones aledañas por la 
contaminación que provocan, como las actividades productivas y de 
recolección propias de las comunidades. Esto significa que no puede 
haber normativa alguna que frene esta obligación, porque la 
flexibilización ambiental (y laboral) es en realidad una imposición.

ACCIÓN ECOLÓGICA
8 de octubre de 2019


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