Acción Ecológica opina: Sobre la consulta y el derecho a la participación

[ACCION ECOLOGICA]

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Acción Ecológica opina

*Sobre la consulta y el derecho a la participación*

La posibilidad de que mediante la consulta popular la población se
pronuncie sobre dos temas ambientales, el Yasuní-ITT y la minería
metálica, puede entenderse como el reconocimiento de que los problemas
que afectan a la naturaleza deben ser tratados mediante el ejercicio de
la democracia y no desde la postura de unos cuantos funcionarios con
pretensiones de decidir sobre ella.

Muchas comunidades y pueblos afectados por actividades mineras y
petroleras están resistiendo pues conocen de los problemas que conllevan
estos proyectos: la contaminación del agua, los suelos, el aire, y temen
por la destrucción de sus fuentes de vida. Pero sus acciones de protesta
han sido respondidas con estigmatización, represión, judicialización, 
con intervenciones en el tejido social mediante estrategias de división
y cooptación, o mediante la invasión y ocupación de sus territorios. Una
señal de buena fe en este ámbito sería culminar el proceso de amnistías
e indultos a las personas criminalizadas por sus actos de protesta en
defensa de los derechos.

Es así que en los espacios de la sociedad donde se defienden los
territorios y la naturaleza también han surgido iniciativas propias de
participación, a través de consultas comunitarias o populares. Sin
embargo, no siempre la voz de los pueblos es escuchada ni respetada. Los
contundentes resultados de estas consultas a favor de los derechos y de
cuidar las bases materiales para la supervivencia, en varias ocasiones
han sido desvergonzadamente desconocidos, rechazados y hasta respondidos
con campañas de plagio y desinformación por parte del Estado.

Esto ocurrió, por ejemplo, en 2011, después que la Unión de Sistemas
Comunitarios de Agua de Girón, UNAGUA, impulsó una consulta comunitaria
en las poblaciones de Tarqui y Victoria del Portete como una forma de
responder al proyecto megaminero Loma Larga que destruirá el páramo de
Kimsacocha; o en 2015, cuando UNAGUA y la Federación de Organizaciones
Campesinas del Azuay, FOA, promovieron otra consulta popular en el
cantón Girón frente a la misma amenaza. Así mismo, en 2014, el Colectivo
Yasunidos impulsó la consulta popular con el propósito de parar la
explotación petrolera en el Yasuní-ITT, la misma  que fue denegada luego
de que el Consejo Nacional Electoral desconociera cientos de miles de
firmas de respaldo. Un caso paradigmático es lo que ocurrió en Pacto,
parroquia del Distrito Metropolitano de Quito, luego de que la consulta
comunitaria realizada dio paso a la declaratoria de Pacto libre de
minería, en 2015, por parte del Concejo Municipal.

Más allá de estos hechos, la pedagogía social que acompaña a las
consultas impulsadas desde la sociedad deja huellas. Ahora es más claro
que la naturaleza no es mercancía y que es importante redefinir la
relación con ella por ser imprescindible para reconstituir lo común y la
comunidad.

Defender la naturaleza es una búsqueda permanente de la verdad detrás de
las mentirosas promesas del extractivismo, el agronegocio o la
bioeconomía. Esto hace la Ruta por la Verdad y Justicia para la
Naturaleza y los Pueblos, que va tejiendo a través de audiencias
territoriales un camino junto a las poblaciones para develar ante la
sociedad los daños a la naturaleza y los pueblos, y desde allí sentar
bases para la justicia y la reparación integral, elementos claves para
la transición hacia lógicas distintas de relacionamiento en la sociedad
y con la madre tierra.

La consulta del gobierno debe confirmar si apunta a generar verdad,
justicia y reparación en relación con la naturaleza, los territorios y
los pueblos y demostrar que no es un engaño más. !10 años de mentiras
son suficientes!

ACCIÓN ECOLÓGICA

Quito, 11 de octubre de 2017
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