¡Acción Ecológica Alerta! - La “vieja” Nueva Política de Hidrocarburos
ACCION ECOLOGICA
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Mar Jul 13 19:44:45 PDT 2021
*¡Acción Ecológica Alerta!*
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*aeopina
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*La “vieja” Nueva Política de Hidrocarburos*
El 7 de julio del 2021, el presidente de la república Guillermo Lasso
expidió mediante el Decreto Ejecutivo No. 95 la Política de
Hidrocarburos para los próximos 100 días contados a partir de la
expedición de este.
Para algunos analistas esta política es “ambiciosa”, pues pretende
enfrentar la coyuntura económica actual optimizando los ingresos
estatales con el incremento de la extracción de hidrocarburos y reducir
“ineficiencias y costos” en las áreas de industrialización, transporte y
comercialización (Art. 3). Sin embargo, esta política agrupa elementos
nuevos con viejos estamentos ya presentes en la historia de las
políticas petroleras que se han aplicado en el país en los últimos 20
años, los cuales han tenido nefastas consecuencias para los pueblos y la
naturaleza en la Amazonía ecuatoriana.
El objetivo central del gobierno de Guillermo Lasso es la privatización
del sector petrolero pues habla de implementar las políticas públicas y
la normativa necesaria que permitan atraer inversión privada para
participar en las distintas áreas de la actividad hidrocarburífera (Art.
4). Se especifica que se delegará a la iniciativa privada campos
productivos de EP Petroecuador, e igual suerte tendrán el sistema de
refinación, de transporte y de comercialización de petróleo. Y de manera
prioritaria e inmediata vender todas las estaciones de servicios de la
empresa estatal.
Con el fin de promover procesos de licitaciones internacionales se
anuncia la migración de los contratos del modelo de Contrato de
Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos hacia
el de Participación; este tipo de contratos no es nuevo pues estuvo en
vigencia en la década de los 2000 incluso fue objeto de un escándalo
puesto que la empresa privada se llevaba el 80% de la producción y el
Estado se quedaba tan solo con el 20%.
Este modelo en licitaciones internacionales probablemente sufra el
fracaso que tuvo la ronda Suroriente en el año 2012 debido a que no
logró ser atractivo para las empresas, tanto por la calidad del crudo
que resta en los yacimientos amazónicos, como por la resistencia de los
pueblos indígenas.
Según el gobierno, con todas estas acciones se incrementará el volumen
de extracción petrolera e incluso se está arriesgando a trazar la meta
de duplicarla en 4 años. Como siempre, aparece la oferta de destinar los
ingresos a programas sociales que combatan la pobreza, así como la
creación de un Fondo de Sostenibilidad Petrolera alimentado con un
porcentaje de la renta neta petrolera para erradicar la desnutrición
infantil, especialmente en las zonas de influencia de esta actividad.
Todo esto parece no recordar que, al cabo de casi 50 años de ser un país
exportador de petróleo, los cantones petroleros están entre los más
empobrecidos (1), y sufren de grave deterioro socioambiental
precisamente debido a las actividades petroleras. Quienes redactaron
esta política seguramente ignoran que una gran cantidad de estudios
demuestran que la actividad petrolera provoca justamente desnutrición
infantil debido a que destruye la fuente de proteína al contaminar el
agua de los ríos y los peces, al ocasionar la muerte de ganado, al
ahuyentar a los animales de cacería y al afectar los cultivos.
Por si fuera poco, también el Decreto 95 se contrapone con la
Constitución del Ecuador que en su artículo 316 determina que el Estado
podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada el
ejercicio de las actividades en los sectores estratégicos. Sin embargo,
en el mencionado Decreto se pretende que la participación privada sea
máxima, es decir, la excepción se vuelve norma. Sin duda, otra
contradicción es con el artículo 71 de la carta magna que dice que la
naturaleza o Pachamama, tiene derecho a que se respete integralmente su
existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos. Con la enorme ampliación de
la extracción petrolera, que es una actividad extremadamente
destructiva, se estaría irrespetando los derechos de la naturaleza y
también exponiendo a los pueblos amazónicos a mayores impactos en la
salud y en sus vidas.
Recordemos que tanto la sentencia del caso Chevron (Texaco) como la
sentencia de la demanda que 9 niñas amazónicas interpusieron para que se
apaguen los mecheros, afirman que estas actividades extractivas
contaminan las aguas superficiales y subterráneas, contaminan los
suelos, contaminan el aire, afectan a la biodiversidad y todo esto
repercute en la salud de la población que vive en las zonas de
influencia. Por ejemplo, en el norte de la Amazonía se presenta una
incidencia de cáncer casi tres veces mayor a la media nacional.
Debemos reiterar al señor presidente Lasso que esta política no solo que
tiene contradicciones de orden constitucional, sino que se enfrentará
con la resistencia de la población amazónica para defender su sustento
de vida y los territorios ancestrales, así como con la histórica
posición y lucha de las organizaciones indígenas y movimientos sociales
ante las políticas de privatización.
Es un gravísimo error el seguir apostando a sostener la economía del
país con la explotación de petróleo que es no renovable y que pronto se
va a agotar. Aunque el decreto 95 repetidamente habla de “explotación
sustentable de petróleo” o de “explotación con responsabilidad
intergeneracional”, lo cierto es que mientras más rápido se lo extraiga,
más pronto se agotará y no quedará ni una gota para generación futura
alguna.
A la par de la aplicación de este Decreto, vendrá la resistencia. ¿Acaso
tendrá el presidente a la mano otros decretos para la represión u otros
mecanismos irregulares para quitarles las tierras ancestrales a los
indígenas que se oponen al extractivismo, como podría estar sucediendo
en este momento con la nacionalidad Sapara (2) que se ha opuesto
valientemente a las actividades petroleras? El presidente Lasso anunció
cárcel indefinida para quienes protesten y así empiezan sus amenazas de
criminalización.
Claramente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sus compromisos ante el
Colectivo Frente al Ambiente como la consulta previa vinculante, el
respeto a los derechos de la Naturaleza y de los Pueblos indígenas
aislados, quedaron en letra muerta.
*ACCIÓN ECOLÓGICA*
13 de julio de 2021
*REFERENCIAS*:
)1) Según cifras del INEC las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde
se encuentran la mayoría de los campos petroleros, registran los
primeros lugares en pobreza de la región amazónica.
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/ <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/>
(2) La nacionalidad Sapara está en peligro. Junio 2021.
http://www.saramanta.org/las-nacionalidad-sapara-esta-en-peligro/
<http://www.saramanta.org/las-nacionalidad-sapara-esta-en-peligro/>
Victoria histórica en la lucha por los derechos indígenas contra la
expansión de la frontera petrolera. Noviembre 2019.
https://amazonwatch.org/news/2019/1107-victoria-historica-en-la-lucha-por-los-derechos-indigenas-contra-el-petroleo
<https://amazonwatch.org/news/2019/1107-victoria-historica-en-la-lucha-por-los-derechos-indigenas-contra-el-petroleo>
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