ACCIÓN ECOLÓGICA opina: FRENTE A LA CONSULTA POPULAR

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Mie Oct 4 09:27:57 PDT 2017


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ACCIÓN ECOLÓGICA opina

*FRENTE A LA CONSULTA POPULAR*

En medio de una serie de escándalos de corrupción, fueron presentadas
las preguntas para la consulta popular. El proceso de diálogo abierto
para determinar los temas de la misma ha sido un precedente importante
que se distancia de las formas anteriores de imponer agendas y de
despreciar las opiniones diferentes. Esta consulta además nos plantea
que hay asuntos en los que la participación es una condición de la
democracia.  
Más allá de la importancia de los temas que serán presentados ante la
Corte Constitucional, Acción Ecológica quiere opinar sobre tres en
particular que tienen que ver con nuestros fines y objetivos.

En la consulta se incluyeron dos preguntas por la Naturaleza. Una
relacionada con el Yasuní y los Pueblos en Aislamiento Voluntario y otra
con la minería metálica.

Ambas preguntas generan dudas sobre su interpretación. Pero es
importante decir que el someterlas a consulta popular reivindica la
importancia de generar participación alrededor de lo que tiene que ver
con  la Naturaleza. Bajo esta misma lógica, ¿cómo no respetar las
consultas sobre la actividad minera que se hicieran en Pacto o en
Quimsacocha?, o ¿cómo olvidar el ejercicio democrático impulsado por
miles de personas para decidir sobre el petróleo del Yasuní?

La pregunta propuesta por el presidente sobre el Yasuní habla de ampliar
el área intangible de los Pueblos en Aislamiento Voluntario en al menos
50.000 hectáreas; parece poco, pero es una base para discutir la
importancia de ampliar la Zona Intangible necesaria para la
supervivencia de estos pueblos.

La pregunta dice también que se disminuirá el área de explotación
petrolera de 1.030 a 300 hectáreas. Bajo el razonamiento del presidente
Moreno esta es una propuesta para enfrentar la crisis climática, por lo
tanto debe ser interpretada como reducción de la extracción de crudo.
Adicionalmente, hay que mencionar que ya hay operaciones petroleras
adelantadas sobre todo en el bloque 31 que, seguramente, significan más
de las 300 hectáreas.
La consulta sobre minería se refiere a eliminar las actividades de
minería metálica en áreas protegidas, zonas urbanas y zonas intangibles.
El barrio San Marcos de Tundayme tenía escuela, iglesia, plaza, centro
de salud, es decir una zona urbana en un entorno rural, que fue
destruida para instalar allí la piscina de relaves del proyecto Mirador.
La pregunta en cuestión preocupa mucho porque la minería metálica en
Ecuador siempre ha buscado asentarse en áreas frágiles, páramos,
humedales, bosques protectores, parques nacionales, y afectar a centros
poblados.

La tercera pregunta, menos obvia en su relación con el ambiente aunque
tiene mucho que ver, es la referida a la corrupción. Los megaproyectos
generan mega impactos; mientras más grandes son los proyectos mayores
son las oportunidades para incurrir en diversas formas de corrupción. De
allí la percepción de que los grandes proyectos generalmente implican
beneficios hacia arriba y hacia afuera, mientras los pequeños proyectos
traen beneficios hacia adentro y hacia abajo.

La corrupción tiene efectos sobre la naturaleza y los pueblos, que deben
ser reparados. Por ejemplo, el bosque seco de El Aromo, único en el
mundo y muy importante para nuestro país, fue destruido en nombre de
iniciar la construcción de la Refinería del Pacífico, -que se la ligaba
al crudo del ITT-, recurriendo a un escandaloso sobreprecio.

Sería ingenuo pensar que los intereses petroleros y mineros no actuarán
intentando mantener sus escenarios de operación; de hecho las empresas
petroleras intentarán argumentar que las 300 hectáreas son adicionales y
que les permitirá extraer el crudo del Tambococha e Ishpingo, induciendo
a que el presidente Moreno caiga en un terrible error, justamente ahora
que está procurando distanciarse de la pasada práctica de decir una cosa
y hacer otra diferente.  Decir por ejemplo que se protegerá a los
pueblos  en situación de aislamiento pero explotar en la zona destinada
a proteger justamente su territorio. Esto no solo sería una
incoherencia, sino también una ilegalidad de alto calibre pues irrespeta
las medidas cautelares de la  Corte Interamericana  de Derechos Humanos,
viola el artículo 57 de la Constitución e incumple el Decreto Ejecutivo
2187 que delimita la zona intangible y crea la zona de amortiguamiento y
prohíbe actividades petroleras en esta zona.

Los planteamientos hechos en las preguntas sobre el Yasuní, la minería
metálica y la corrupción se insertan en contextos de defensa de la
naturaleza, los territorios y sus defensores a base de construir verdad,
y demandar justicia y reparación, que son luchas de siempre y como
siempre nos corresponde estar vigilantes.

ACCIÓN ECOLÓGICA


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