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<div class="moz-forward-container"> <font face="Helvetica, Arial,
sans-serif">Acción Ecológica opina<br>
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<div align="center"><b><font face="Helvetica, Arial, sans-serif">HAY
JUECES...Y JUECES</font></b><br>
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<font face="Helvetica, Arial, sans-serif"><br>
Este martes 15 de enero de 2019 se dieron dos hechos claves en
el seno del sistema judicial ecuatoriano.<br>
<br>
Por un lado, se realizó en Quito la tercera audiencia del caso
presentado por la organización CASCOMI contra del Estado y la
empresa china ECSA que opera el proyecto minero Mirador; y por
otro, en Quevedo, se ventiló el caso por la presencia de soya
transgénica en la provincia de Los Ríos. <br>
<br>
En el primer caso, el fallo -que podría ser apelado- deniega
derechos fundamentales de las comunidades afectadas por el
proyecto megaminero. En el segundo caso, fue aceptada la
acción de protección a favor de campesinos y campesinas de Los
Ríos tras comprobar la existencia de plantaciones de soya
transgénica dentro de esta provincia.<br>
<br>
Para defender sus derechos, la comunidad CASCOMI presentó una
acción constitucional de protección frente a los desalojos
masivos y violentos, amparándose en sus derechos a una
vivienda digna y a la consulta previa, libre e informada (1).
Con la sentencia del Juez se ratifica la postura de imposición
ilegítima de un proyecto minero (Mirador) que implica despojo,
devastación de ecosistemas, militarización. Luego de varios
meses y tres audiencias, la sentencia dictada recurre a
argumentaciones cuestionables como equiparar la socialización
con el derecho a la consulta, sostener que la dignidad de no
recibir cheques equivale a denegar del territorio, o que saber
de la amenaza de desalojo es igual a aceptarlo. Claramente,
hubo temor a fallar contra la decisión oficial de convertir al
Ecuador en un país minero, sostenido a base de acuerdos con
las empresas, y de espaldas a los derechos humanos de los
pueblos y comunidades y los derechos de la naturaleza. <br>
<br>
En el otro caso, a 250 km de Quito, el Juez Constitucional de
lo Civil del cantón Quevedo, César Paucar, aceptó lo
solicitado por organizaciones campesinas y ecologistas (2),
tras comprobar la existencia de plantaciones de soya
transgénica resistente a glifosato en esa provincia. El Juez
ordenó quemar, eliminar y decomisar todos los cultivos
transgénicos que se hayan descubierto; hacer un monitoreo
constante en época de siembra; que el Ministerio de
Agricultura capacite a sus funcionarios y a los campesinos
sobre el peligro de los transgénicos; que el Ministerio de
Agricultura ponga en su página Ecuador Libre de Transgénicos;
y remitir el fallo a la Fiscalía de todos los cantones de Los
Ríos en donde se encontraron estos cultivos transgénicos, para
que identifique a los responsables, por acción u omisión, del
ingreso de soya transgénica. Este fallo constituye un logro
histórico para el Ecuador y la región, que podrá ser usado
como instrumento legal que apoye las luchas campesinas frente
a la presencia de cultivos transgénicos y en favor de la
soberanía alimentaria y la autonomía.<br>
<br>
Con decisiones como la del Juez Paucar, vemos que ya no
estamos en el modelo monolítico de justicia de la década
pasada que negaba el ejercicio y protección de todo derecho y
nos da ánimos para no abandonar el camino de la pelea
jurídica; también esta decisión nos hace repensar el asunto de
la reparación como parte de los derechos ganados
constitucionalmente.<br>
<br>
Al mismo tiempo, la rabia por la injusticia ocurrida en el
caso de CASCOMI, nos da los bríos para seguir luchando y
acompañando los procesos locales de resistencia frente a la
megaminería que tanto daño causa a los derechos, humanos y de
la naturaleza.<br>
<b><br>
</b><b>ACCIÓN ECOLÓGICA</b><br>
<br>
<font size="-2">NOTAS:<br>
(1) En noviembre del 2018, la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
Victoria Tauli-Corpuz; en su Declaración inicial menciona a
Tundayme y expresa su preocupación por los desplazamientos
forzosos, así como por la falta de “procedimientos adecuados
de consulta y consentimiento de acuerdo con los estándares y
jurisprudencia internacionales de derechos humanos”. <a
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href="http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/267-end-mission-ecuador"
moz-do-not-send="true">http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-comunicados/267-end-mission-ecuador</a><br>
(2) Debido a varias denuncias recibidas sobre la posible
presencia de soya transgénica en el Ecuador, organizaciones
campesinas y ecologistas han llevado a cabo, desde el año
2015, varios monitoreos de los cultivos de soya en el
Ecuador, obteniendo resultados desalentadores: en 2015 el
67% de las muestras resultaron positivas, mientras que, en
2018, el porcentaje se incrementó al 76%; en otras palabras,
para el 2018, 7 de cada 10 plantaciones utilizó soya
transgénica.</font><br>
<br>
<br>
</font> </div>
</div>
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