Acción Ecológica Opina - Serie Subsidios No. 4: Tratados de “Libre Comercio” y subsidios para las grandes empresas

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Acción Ecológica Opina - Serie Subsidios No. 4
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*Tratados de “Libre Comercio” y subsidios para las grandes empresas*

La principal causa detrás la movilización social intensa de estos días 
está la eliminación del subsidio a los combustibles decidida por el 
gobierno de Lenín Moreno (Decreto 883), que significará el 
encarecimiento de la canasta básica y un efecto muy fuerte en las 
economías populares. Según la versión oficial la medida (a gusto del 
FMI) dará más fondos para equilibrar el presupuesto fiscal. Sin embargo, 
se ocultan los subsidios gigantescos que se entregan a las empresas más 
grandes del Ecuador, e incluso a transnacionales que operan aquí y en 
otros países. ¿Cómo puede ocurrir esto? A través de los tratados de 
“libre comercio” (TLC).

Los TLC surgieron como herramientas de poder de las empresas 
transnacionales para el control de las economías de los países. 
Constituyen un marco jurídico que se impone para debilitar los avances 
en derechos humanos y de la naturaleza; requisito necesario para 
garantizar la impunidad de las empresas frente a los delitos sociales y 
ambientales que comenten.

A principios de los años 2000 la lucha social en nuestro país frenó el 
TLC bilateral con EEUU, lo que dio lugar a que desde diversos espacios 
se construyan propuestas alternativas al neoliberalismo y poder optar 
por paradigmas distintos. Muchas se plasmaron en la Constitución de 2008.

Lo que siguió es conocido. Las leyes que se aprobaron después de la 
entrada en vigencia de la Constitución respondieron al lobby de las 
empresas mineras, petroleras, agroalimentarias. Dentro de esa línea, el 
régimen de Correa firmó el TLC con la Unión Europea (UE), que entró en 
vigencia el 1 de enero de 2017 y abrió el camino a nuevos TLC por parte 
de Lenín Moreno: con el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA) 
integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein -países que no 
integran la Unión Europea- el 25 de junio de 2018. Con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 15 de mayo de 2019. Con la Alianza 
del Pacífico -integrada por México, Colombia, Perú y Chile, países con 
larga trayectoria neoliberal-, se impulsa la integración en esta 
Alianza, que requiere que se firmen tratados de libre comercio con sus 
miembros, como ya viene ocurriendo, pues Moreno acordó ya con Chile y 
México iniciar las negociaciones que culminen en la firma de esos acuerdos.

También se están dando pasos con EEUU para avanzar hacia un TLC, y se ha 
planteado un TLC con China, país que planea una Ruta global de la Seda 
que abarca los cinco continentes.

Lo que mueve a estas negociaciones es la necesidad de abrir más mercados 
para el poderoso sector agroexportador de banano, camarón, flores, pesca 
blanca, cacao, brócoli, piña, abacá, entre otros, donde se encuentran 
varias empresas transnacionales, que ahora están siendo beneficiados por 
el paquete de medidas económicas decretadas por el gobierno, y de manera 
preferencial el banano.

En las rondas de negociación participan delegados de los sectores 
agroexportadores, pero no observadores de las organizaciones sociales 
-porque las negociaciones se llevan en secreto, lo que se decide ahí 
está vedado a la población a pesar de significan violaciones de los 
derechos humanos y la naturaleza-. Así, el sector empresarial no sólo se 
beneficia de estas facilidades otorgadas por el Estado, sino que de esta 
manera se le ayuda también a consolidar su poder económico.

La expectativa de tener más mercados internacionales estimula para que 
los agronegocios se expandan sobre áreas naturales y en zonas de pequeña 
y mediana agricultura, o influye para que actividades productivas 
orientadas al mercado nacional sean reemplazadas por aquellas que 
demanda el mercado internacional. Todo esto se da en medio de una mayor 
flexibilización ambiental y en derechos humanos, con controles más 
débiles para “no ahuyentar a las inversiones” y evitar que los 
inversionistas pongan demandas arbitrales contra el país (como se va a 
ver más adelante). Así, se entregarán subsidios a las corporaciones en 
agua y tierras, en ecosistemas dañados por la contaminación o la 
deforestación, en especies marinas sobreexplotadas.

Por otro lado, los TLC promueven la eliminación progresiva de los 
aranceles, lo que significa que el Estado recibe menos ingresos por las 
importaciones. La leche de la UE va a ingresar al mercado ecuatoriano 
pagando cada vez menos aranceles, lo que representa ya un impacto 
fiscal. Si se considera que esta producción cuenta con enormes 
subsidios, la combinación de estos dos factores va a provocar que la 
leche de la UE sea vendida a precios más bajos que el establecido en el 
mercado nacional, incluso a precios inferiores al costo, lo que pone 
bajo grave riesgo de desparecer a la pequeña y mediana producción de 
leche del Ecuador. Esto constituye un subsidio a las poderosas 
transnacionales de la leche de la UE que de esta forma amplían sus 
ganancias.

Otro aspecto de los TLC que significa jugosos subsidios dados a las 
empresas transnacionales tiene que ver con las garantías que se les da 
para que obtengan grandes ganancias por sus inversiones. Reciben “trato 
nacional”, y no pueden ser “discriminadas” en las contrataciones que 
hace el Estado; si cambian las regulaciones con el propósito, por 
ejemplo, de evitar la contaminación, si ello implica que la empresa no 
obtenga las “ganancias esperadas”, gracias al tratado podría demandar al 
país en un tribunal internacional de arbitraje regido por normas 
comerciales y no de derechos humanos y de la naturaleza. En los 
tribunales de este tipo, las empresas tienen muy altas posibilidades de 
ganar y salirse con millones de dólares.

Un reciente fallo del CIADI (tribunal vinculado al Banco Mundial) en el 
caso de la demanda de la petrolera Perenco contra el Ecuador, podría 
significar el pago de unos 411 millones de dólares a esta empresa. Según 
registros de la Procuraduría del Estado, existen actualmente 13 
arbitrajes contra el Ecuador interpuestos por empresas petroleras y 
mineras, entre otras. La demanda de Perenco se dio porque el Ecuador 
violó el Tratado BilateraI de Inversión con Francia, país sede de esta 
empresa. Los TBI dan a las empresas transnacionales la capacidad de 
recurrir a un arbitraje en ausencia de un TLC.

El caso denominado Chevron III fue interpuesto contra el Ecuador como 
estrategia de esta empresa frente al juicio de indígenas y campesinos 
del norte de la Amazonía ecuatoriana que exigen reparación integral de 
los daños ambientales ocasionados por Texaco, ahora fusionada con Chevron.

Es inaceptable que el Estado mantenga los subsidios descritos a sectores 
poderosos del país y a empresas transnacionales, y que pretenda 
ampliarlos con nuevos tratados de libre comercio. Con esto, la ruina 
fiscal será un hecho... a no ser que perpetuarla sea parte del juego.

ACCIÓN ECOLÓGICA
11 de octubre de 2019

Más información: semilla en accionecologica.org

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