Adhiere: Ecuador Decide rechaza Laudo Arbitral Chevron III
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Mie Sep 19 05:45:11 PDT 2018
*Ecuador Decide
rechaza**Laudo Arbitral Chevron III **que busca que el Estado
ecuatoriano deniegue justicia a más de 30.000 personas de la Amazonia
afectadas por la Chevron-Texaco*
__
_*Si desea adherir a esta carta, escribir a
presidencia en accionecologica.org*_
*_Texaco contra la vida_*
Desde 1964 y hasta 1992, el Estado ecuatoriano entregó, sin el
consentimiento de sus habitantes, 500 mil hectáreas de selva, patrimonio
biogenético y hogar de pueblos ancestrales, a la Corporación
estadounidense Texaco.
Durante 26 años en Ecuador, la Texaco extrajo 1,5 mil millones de
barriles de crudo, perforó 356 pozos, vertió en ríos y suelos toneladas
de material y desechos tóxicos, arrojó más de 16 mil millones de galones
de agua con desechos tóxicos cancerígenos.
Las actividades de la Texaco causaron graves daños en la población y en
la naturaleza:
·Miles de casos de cáncer y otros problemas de salud degenerativos y
discapacitantes.
·Contaminación de suelos y agua, lo que impide a las personas
campesino-colonas y a comunidades Siona, Siekopai, Kofán, Shuar, Waorani
y Kichwa, producir sus alimentos y les obliga a comprar a altos precios
el agua que antes obtenían de los ríos y vertientes.
·Debido a las concesiones en su territorio y a la creciente
contaminación, una parte de la población de los pueblos originarios
fueron desplazados de sus hogares
·El contacto forzoso especialmente por la construcción de carreteras
para ampliar la frontera petrolera causó la extinción de los pueblos
indígenas Tetete y Sansahuari.
·Se ejerció violencia contra mujeres y personas obreras de la empresa
Por esto, en 1993, 30.000 personas afectadas en el norte de la Amazonía
ecuatoriana concretaron una demanda en los juzgados de Estados Unidos
contra la transnacional. Este caso en las cortes se conoce como
*/Aguinda vs. Texaco/* y se presentó a la par que la demanda de
comunidades afectadas en Perú a la misma empresa, caso conocido como
*/Jota vs. Texaco/*/./
Luego de diez años de procesos, la Corte estadounidense estipuló que la
empresa se someta a las cortes ecuatoriana y peruana respectivamente.
Entonces, las comunidades ecuatorianas agrupadas en la UDAPT /Unión de
Afectados/y /Afectadas por/las Operaciones Petroleras de /Texaco, /por
trece años más lucharon por justicia en el caso llamado “Juicio del Siglo”.
En respuesta al juicio de las presonas afectadas la Texaco empresa que
desde el 2001 es filial de la corporación Rockefeller Chevron, arremetió
con varias acciones: */1/*. demandó al Estado equatoriano en Nueva York
en 2004 ganando el Estado ecuatorian este caso conocido como Chevron I
*2.*En diciembre del 2006 caso Chevron II, y en septiembre del 2009 caso
Chevron III, la empresa llevó al Estado ecuatoriano a un tribunal de
arbitraje en La Haya en base al Tratado de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (TBI), firmado entre Estados Unidos y Ecuador
en 1993 durante el gobierno neoliberal de Duran Ballen y vigente desde
1997*-5 años después de que la petrolera terminara su contrato con el
Estado ecuatoriano-; 3*. Apeló la sentencia del 14 de febrero del 2011
dada por el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos que le ordena
pagar 9.500 millones por reparación de daños ambientales. Esta sentencia
se ratificó en última instancia en la Corte Constitucional del Ecuador
el pasado 10 de julio. *4/./*Inició un juicio en EE.UU contra las
personas afectadas acusándolas de extorsión y de usar medios corruptos,
y, *5*. Planteó más de 20 demandas en EE.UU contra las personas
afectadas, buscando indicios para atacar a quienes estimaron los daños.
*_Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y su función de protección
de las corporaciones_*
Ecuador Decide, como plataforma de organizaciones sociales contra los
Acuerdos Comerciales basados en el Libre Mercado, hemos alertado que los
TBI son instrumentos de las transnacionales para acrecentar su
monopolio, asegurar su impunidad frente a daños cometidos por su
violencia y voracidad extractivista, y para que los gobiernos pongan a
la estructura estatal a cargo de cuidar los intereses corporativos a
cambio de favores económicos y políticos.
Los TBI fueron denunciados por la Asamblea ecuatoriana el 3 de mayo del
2017 en base a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría Integral
Ciudadana de los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones y del
Sistema de Arbitraje Internacional (CAITISA), pero sus efectos nefastos
para el Ecuador siguen en varias demandas empresariales contra el Estado
ecuatoriano debido a una clausula de vigencia de 10 años luego de la
denuncia. Están vigentes 26 demandas: el 50% en el área petrolera, 19%
en el área de electricidad y 12% en minería. El Estado ecuatoriano es
demandado por 11.188´966.571 dólares. Hasta abril de 2017 el goibierno
cuatoriano ha pagado a Oxy, a Chevron y a otras corporaciones
1.342´115.969 dólares y ha gastado 155´929.417 dólares en abogados
internacionales.
El 10 de julio del 2018, la Corte Constitucional del Ecuador ratificó el
fallo a favor de los afectados de Chevron-Texaco en el /Juicio del
Siglo/, pese a las presiones del vicepresidente Estadounidense quien, en
visita histórica al Ecuador, ofreció un Tratado de Libre Comercio (TLC)
si el Ecuador eliminaba temas que calificó de “irritantes”, como el
juicio de las personas afectadas por Chevron-Texaco, las cláusulas que
impiden el cultivo de transgénicos OGM y la negativa de reiniciar
acciones militares de su país en Ecuador entre otras estipuladas en la
Constitución y exigidas por la población ecuatoriana.
Las presiones políticas de Texaco hacia los gobiernos de turno del
Ecuador no son nuevas. En el año 1995, el gobierno de Duran Ballen-Dahik
firmó el contrato para la remediación ambiental, en el cual el Estado
libera a Texaco de responsabilidad y se compromete a no demandarla. En
1998, luego que Texaco, supuestamente había remediado el área que le
correspondía, el Gobierno de Mahuad, firma el acta de finiquito en la
cual ratifica la liberación de responsabilidades de Texaco. Todo esto
sin consultar a las personas afectadas. En el año 2008, Chevron-Texaco
consiguió que EE.UU amenazara con no renovar las preferencias
arancelarias al Estado ecuatoriano si este no obtenía que las
comunidades desistieran de su denuncia. En 2016, para poder colocar
bonos soberanos en el mercado financiero internacional, el gobierno
ecuatoriano presionó a los afectados para que levantaran el embargo
sobre los recursos que legalmente les correspondía. Enjulio del 2016, en
el laudo arbitral conocido Chevron II, el Estado ecuatoriano pagóa la
Chevron-Texaco 112 millones de dólares de indemnización por supuesta
denegación de acceso a la justicia, pese a que en el discurso el
gobierno de Correa llamaba a no transar con “la mano sucia” de Chevron.
Dos meses después de que la Corte Constitucional del Ecuador ratificara
el fallo a favor de los afectados de la Chevron-Texaco, el 7 de
septiembre del 2018, el Tribunal de la Haya, en el laudo arbitral
Chevron III sentencia al Estado ecuatoriano a hacerse cargo de remediar
los daños provocados por la empresa y reparar a la población.
*_Pronunciamiento de Ecuador Decide_*
Las organizaciones sociales que somos parte de Ecuador Decide y otras
organizaciones que firmamos esta alerta pública, preocupadas por las
acciones que las instituciones gubernamentales implementarán tras la
decision de la Haya en el segundo Laudo Arbitral de Chevron contra
Ecuador caso conocido como Chevron III, manifestamos que:
·Respaldamos la lucha histórica de la UDAPT la organizacion de las
comunidades del norte de la Amazonía afectadas por la contaminación
petrolera dejada por Chevron Texaco, que nos muestra los impactos del
sistema económico depredador que debemos superar con iniciativas de
relacionamiento, producción y consumo soberanas, conscientes,
comunitarias y ecosistémicas. Mirar los impactos de las actividades
extractivistas nos recuerda también la importancia de auditar los
impactos de la explotación petrolera y la urgencia de articularnos para
impedir que esta lógica se expanda hacia la Amazonía Centro Sur con la
nueva ronda de licitaciones Sur-Oriente; así como detener las
concesiones mineras que afectarían al 15% del territorio ecuatoriano.
·Saludamos el comunicado de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y
llamamos a las Defensorías del Pueblo de América Latina a respaldar a
los pueblos originarios y comunidades campesinas y urbanas en sus
acciones en busca de protección ante los embates extractivistas y la
demanda de reparación frente a abusos ya sufridos.
·Pedimos a la ONU y en especial al grupo de trabajo que prepara el
Convenio contra la Impunidad Corporativa, vigilen que los convenios
internacionales de Derechos Humanos se cumplan y sean vinculantes para
que prevalezcan frente a tratados comerciales.
·Llamamos a la población y organizaciones sociales del Ecuador y el
mundo a no comprar productos y servicios de Chevron en rechazo a su
pretensión de impunidad frente a los daños dejados en la Amazonía
ecuatoriana. Nos corresponde ejercer los espacios ciudadanos de
participación para impedir que los intereses transnacionales se impongan
sobre los derechos humanos y de la naturaleza.
·Demandamos a los jueces ecuatorianos cumplir su rol de garantes de
justicia de forma soberana sin presiones políticas. *Las acciones de la
empresa Chevron contra el Estado ecuatoriano no deben relacionarse con
las demandas de reparación y justicia que exigen las comunidades afectadas*.
·Exigimos a los y las asambleístas a desistir de los Tratados de Libre
Comercio con la Unión Europea y con la EFTA ahora que aun todos los
otros estados contrapartes no los han ratificado; y a impedir que se
negocien otros TBIs y TLCs.
·Exigimos al Gobierno Nacional no permitir injerencia ni presión alguna
del lobby transnacional, lo que incluye depurar funcionarios(as) de las
instancias cuya función es defender al Ecuador y que tienen vinculación
con la empresa. Todos los esfuerzos gubernamentales deben centrarse en
impedir esta injusticia a las comunidades afectadas por la voracidad
extractivista. *Este laudo arbitral no procede porque el contrato con la
empresa terminó en 1992 cuando no se habia firmado el TBI.*
·Recordamos a los decisores gubernamentales que el Art. 422 de la
Constitución señala que *no se podrán celebrar tratados o instrumentos
internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción
soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias
contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales
o jurídicas privadas.*
Los Pueblos y la biodiversidad amazónica no pueden seguir siendo
sacrificadas por poderes políticos y económicos que se afirman y
consolidan mediante los TBI y los TLC porque estos instrumentos
promueven el monopolio de las áreas esenciales para la reproducción
material y simbólica de la vida y legitiman los abusos de las
transnacionales. Los TBI y los TLC son nefastos para las iniciativas
económicas y sociales de nuestros países. Es momento de escuchar las
alertas sobre los impactos del TLC con la Unión Europea, y del recién
negociado TLC con la EFTA. Urge detener las negociaciones de un TLC con
Estados Unidos, un país que ha demostrado históricamente su interés en
explotar territorios y pueblos a la par que defender los intereses de
sus corporaciones, como Chevron-Texaco.
*La vida, la salud, la paz, el bienestar de los pueblos son innegociables.*
Septiembre, 2018
*Adhieren:*
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo”(CSMM)
ALAMES Ec Asociación Latinoamericana de Medicina Social núcleo Ecuador
Acción Ecológica
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento
Natalia Sierra
Cdes
Yasunidos Cuenca
Chile mejor si TLC
Red AGROECOLÓGICA del Cañar
Colectivo de Género Acción y Política
Comité Derechos Humanos de Shushufindi
Surkuna
Ecuador Today
Agencia de Noticias Ecologistas Tegantai
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