AE opina: Megaminería, o el valor de la Consulta

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*Megaminería, o el valor de la Consulta*

Décadas de organización comunitaria, indígena y campesina, de 
emblemáticos procesos de resistencia reprimidos con desproporcionada 
violencia política y criminalización, han sido el denominador común 
frente a los conflictos por lamegaminería, conflictos que se exacerbaron 
durante el gobierno del presidente Correa, quien consolidó una 
institucionalidad, un marco normativo y un sistema represivo que 
hicieron posible y apadrinaron una suerte de /festín minero./

En medio de estos procesos de conflictividad y disputa entre territorios 
locales soberanos y los intereses millonarios del capital multinacional 
megaminero, una de las reivindicaciones esenciales para la consecución 
de territorios libres de megaminería, fue el valor de la consulta 
previa, libre, informada y ante todo vinculante, de las comunidades 
afectadas.

El 4 de febrero de 2018, con la incorporación de la pregunta 5 que 
planteaba“/enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que 
se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en 
áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos/”, se abrió una 
ventana al debate público alrededor de un conflicto que podría marcar el 
futuro de comunidades, pueblos y nacionalidades en un 15% del territorio 
nacional, abierto a concesiones megamineras, con la nefasta reapertura 
del Catastro Minero en abril de 2016, pocos antes de que el gobierno de 
Correa culmine su período.

Si bien desde los movimientos en resistencia y organizaciones sociales, 
ecologistas e indígenas se cuestionó la pregunta por incompleta, 
instrumentalizante e insuficiente, porque podría leerse como un 
retroceso frente a las conquistas del Mandato Minero, abrir el debate 
sobre los devastadores impactos en los territorios, las comunidades y 
sus naturalezas, la ineficacia económica, ecológica y energética de la 
megaminería, la incoherencia política así como la insustentabilidad de 
esta actividad reconocida mundialmente como la actividad extractiva más 
devastadora, violenta y con irreversibles impactos socioecológicos y 
económicos; es sin lugar a dudas un avance cualitativo. Avance, en la 
medida en que, luego de que el presidente Correa impusiera la 
megaminería como el “deber ser”, como el camino que Ecuador debía 
seguir, la consulta popular pone en discusión si ese es el camino que 
Ecuador quiere seguir.

La pregunta es insuficiente, en tanto la megaminería no puede ni debe 
restringirse únicamente en áreas protegidas, zonas intangibles y centros 
urbanos. Deben estar exentos de megaminería en todas sus fases los 
bosques protectores, ecosistemas frágiles, zonas de amortiguamiento y 
las zonas de nacimientos y fuentes de agua, así como territorios 
indígenas y comunitarios.

A pesar de esta reiterada crítica a la tibieza con que se plantearon las 
restricciones de las concesiones megamineras y ahora, que más del 70% 
del Ecuador aprobó la pregunta 5 tal como fue planteada, nos permitimos 
exigir al ejecutivo el cumplimiento de este mandato popular, que implica 
por ejemplo, la reversión del contrato del proyecto megaminero Fruta del 
Norte, con la multinacional Lundin Gold, porque intersecta en un área 
aproximada de 1113,08 ha dentro del Refugio de Vida Silvestre El Zarza, 
mismo que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Será la 
reversión de este contrato la muestra primera de coherencia política 
luego de la consulta?.

Más aún, el proyecto Fruta del Norte fue observado con 13 graves 
irregularidades por la Contraloría General del Estado en 2016 y es 
operado por la empresa sueco-canadiense Lundin Gold, que estuvo presente 
en la sanguinaria guerra civil de la República Democrática del Congo a 
fines de los años noventa; es acusada de saqueo de bienes públicos y 
corrupción, es conocida por sus negocios y colaboración durante el 
Apartheid en Sudáfrica y es denunciada por su complicidad en crímenes 
contra la humanidad en Sudán, donde cientos de miles de personas fueron 
obligadas a abandonar sus tierras y otra miles fueron asesinadas.

El tema megaminero también estuvo en juego con la pregunta 6 de la 
Consulta, que planteaba la /derogatoria /(no modificación) de la ley de 
plusvalía. Para quienes tienen memoria frágil, recordarles que la 
polémica Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la 
Tierra y Fijación de Tributos (conocida como Ley sobre Plusvalía) que 
entró en vigencia en diciembre de 2016, contempla un incentivo para las 
empresas mineras pues incluyó una disposición reformatoria[1] <#_ftn1> 
del impuesto a los ingresos extraordinarios obtenidos por empresas que 
realizan exploración y explotación minera en el país, /otorgándoles 4 
años de gracia en el pago de impuestos a las ganancias extraordinarias, 
a las multinacionales megamineras./

Las mismas autoridades estatales, como el Ministro de Minería en aquel 
momento, Javier Córdova, reconoció que ese impuesto fue un obstáculo, 
por ejemplo en la negociación del contrato para la explotación del 
proyecto Fruta del Norte y que la disposición reformatoria incluyó este 
cambio en atención a un pedido del sector minero.

Así, la Ley de Plusvalía se convirtió en un instrumento de 
flexibilización normativa para favorecer y agenciar la firma de 
contratos que de otra manera no habrían podido consensuarse. 
Específicamente, la Ley de Plusvalía posibilitó la firma del contrato 
para la explotación del proyecto Fruta del Norte, luego de casi una 
década de negociaciones. En otras palabras, la Ley de Plusvalía fue el 
"Caballo de Troya" que emblandeció las condiciones de operación 
megaminera en el país; por ende, su derogatoria sería una reivindicación 
soberana en la intención de garantizar el cese de concesiones ilegales, 
irregulares e ilegítimas.

Apelamos a la honestidad en el llamado al diálogo del presidente Moreno, 
y exigimos que se respete el mandato popular. La artimaña propuesta para 
modificar la Ley de Plusvalía dejando intocada la primera disposición 
reformatoria que favorece al capital multinacional megaminero, no sólo 
sería una tomadura de pelo a quienes se pronunciaron por el SÍ en la 
consulta popular, sería continuar en la línea sorda del Correísmo, 
negando sistemáticamente el valor de la consulta a la sociedad.


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[1] <#_ftnref1>
[1]Textualmente dice: “Disposiciones reformatorias. Primera. Refórmese 
el Artículo 165 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 
Ecuador, de la siguiente manera: 1. A continuación de la frase “después 
del mes”, agréguese la siguiente frase “o, en el caso de contratos de 
explotación minera, 48 meses después del mes”.


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