CARTA ABIERTA AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, ÍÑIGO SALVADOR

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*CARTA ABIERTA
AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, ÍÑIGO SALVADOR*

El día martes 7 de agosto del año en curso, usted señor Procurador hizo 
declaraciones públicas en el Canal Teleamazonas a propósito de 
una/**/entrevista propiciada por la periodista Janeth Hinostroza. 
Durante su alocución informó respecto a varios juicios que la 
Procuraduría está enfrentando al momento, como el Arbitraje conocido 
como “Chevron II” y que se refiere a la demanda implantada (ilegalmente) 
por la petrolera en contra del Estado, pretendiendo que sean los 
ecuatorianos y ecuatorianas quienes paguemos por el crimen que ellos 
cometieron en las provincias de Orellana y Sucumbíos, lo que generó una 
sentencia que condena a la petrolera al pago de alrededor de 9.500 
millones de dólares para la
reparación de las zonas afectadas.

En sus declaraciones, usted asume la “alta” probabilidad de perder el 
juicio en el arbitraje internacional, lo que nos llama profundamente la 
atención, puesto que de inicio está poniendo en duda la capacidad de la 
Procuraduría de patrocinar efectivamente al Estado ecuatoriano, sobre 
todo en un caso que ha sido demostrado a la saciedad y jurídicamente que 
no tiene validez alguna. Sus declaraciones nos dejan dudas sobre su 
observancia a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, 
Art. 2, en concordancia con el Art. 237 de la Constitución de la 
República del Ecuador, que establece las competencias y obligaciones del 
Estado y sus intereses, siendo la principal de ellas el patrocinio del 
Estado ecuatoriano. Es decir, que la Procuraduría tiene la obligación de 
defender los intereses del Ecuador y sus habitantes.

Se deduce de su intervención que no está defendiendo los derechos ni 
intereses del Estado, sino preparando el escenario para un posible 
triunfo de la petrolera, lo que nos preocupa, sobre todo en el marco de 
una política gubernamental que no ha sido del todo clara en relación a 
la defensa de los intereses nacionales, con declaraciones públicas en 
favor de una negociación con la petrolera bajo el pretexto de atraer 
inversiones al país. Pero no sólo eso. Ante una pregunta de la 
entrevistadora en referencia al cometimiento de “una serie de 
irregularidades”, lo cual ha sido descartado totalmente en los 
tribunales de justicia, y que es la razón por la cual se podría perder 
el caso Chevron en tribunales internacionales, su respuesta fue que “eso 
es lo más probable”, lo que, en el mejor de los casos, evidencia un gran 
desconocimiento del tema por su parte, o un preocupante desinterés por 
conocer la verdad que subsiste tras este complejo juicio, que le va a 
llevar a la convicción de que la razón es de los afectados y que su 
obligación es defender a la población ecuatoriana y al país.

Igual de lamentable es su referencia a que los casos no se ganan con 
publicidad, haciendo referencia a la campaña lanzada por el gobierno 
anterior, conocida como “La mano sucia de Chevron”. A este respecto 
debemos decir que si bien podemos estar en desacuerdo con aquella 
campaña, que tampoco favoreció a los demandantes ecuatorianos, su 
posición nos da cuenta de que desconoce los argumentos construidos por 
el propio Estado para defenderse en este caso y al parecer solamente 
cree en la campaña publicitaria y de lobby desatada por la petrolera.

Pero, si bien es grave lo que dijo, también lo es lo que no informó. Por 
ejemplo: que el arbitraje contra el Estado que aún está pendiente es 
producto de la firma de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) 
suscrito en 1997 entre Ecuador y Estados Unidos de Norteamérica y 
aplicado de forma retroactiva; que según el informe presentado por la 
CAITISA, http://caitisa.org/ los TBI han generado un grave perjuicio 
económico al Ecuador; que en su demanda contra el Estado, Chevron ha 
exigido que se violen normas del Estado ecuatoriano y que se vulneren 
los derechos humanos, particularmente de las poblaciones afectadas, por 
su negligente operación; que en la demanda presentada por Chevron ante 
el Tribunal Arbitral no hay argumento jurídico alguno que no haya sido 
resuelto en otras instancias judiciales que han rechazado, por 
inconsistentes e improbables, sus pedidos; que la petrolera, durante 
esta demanda, ha cambiado innumerables veces el objeto de la misma a fin 
de ajustarla a sus intereses; entre otras múltiples ilegalidades frente 
a las que el Estado está en la obligación de defenderse.

Tampoco indica que según el informe del ISDS 1 , aproximadamente el 70% 
de los casos que conocen los paneles de arbitraje, son resueltos en 
favor de las empresas transnacionales, pese a que muchas veces se 
demuestra la clara violación de los Derechos Humanos por parte de estas 
empresas. Por estas razones, rechazamos sus declaraciones señor 
Procurador y le exigimos que cumpla sus obligaciones en beneficio de los 
ecuatorianos y ecuatorianas. Desde la sociedad caminamos para el 
desmantelamiento de la estructura de impunidad que cobija a las 
transnacionales so pretexto de inversión. Los derechos humanos no pueden 
subordinarse a los intereses corporativos.

*EXIGIMOS QUE EL ESTADO CUMPLA SU PAPEL GARANTIZANDO JUSTICIA Y DERECHOS 
PARA LA POBLACIÓN*

/1 Ver informe aquí. https://www.tni.org/es/publicacion/isds-en-numeros/

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