Acción Ecológica opina: Sobre el rechazo del gobierno del Ecuador al comunicado de un grupo de relatores de la ONU

[ACCION ECOLOGICA]

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Acción Ecológica opina
*Sobre el rechazo del gobierno del Ecuador al comunicado de prensa de un
grupo de relatores de la ONU
sobre medidas represivas contra organizaciones de DDHH*

Cinco Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas acaban de pronunciarse
<http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21065&LangID=S>sobre
el inicio del procedimiento de disolución al que ha sido sometida
–nuevamente- nuestra organización y el gobierno nacional ha reaccionado
<http://www.cancilleria.gob.ec/el-gobierno-del-ecuador-rechaza-el-comunicado-de-prensa-de-un-grupo-de-expertos-de-la-onu-sobre-ecuador/>de
forma virulenta afirmando que esta declaración “contiene aseveraciones
tendenciosas y afirmaciones que tergiversan” la situación en el
territorio Shuar, “al publicar información que no ha sido contrastada,
inobservando los principios de imparcialidad y objetividad” y dando un
“uso tendencioso del lenguaje” sobre nuestra situación administrativa,
en contravención con su Código de conducta
<http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/RES/5/2>.  

Según el gobierno nacional es inaceptable aseverar que “está disolviendo
sistemáticamente las organizaciones, señalar que se desarrolla una
“estrategia de asfixiar a la sociedad civil” y calificar la legislación
ecuatoriana vigente como “restrictiva”, información que lo afecta
políticamente, al tiempo que deslegitima, según él, los mandatos mismos
de los Relatores.   

Debemos comprender quiénes son los Relatores, qué hacen y cuál es la
importancia de sus declaraciones, luego deben recordarse las
obligaciones internacionales de los Estados y, finalmente, evaluar si
han actuado o no por fuera de sus atribuciones.   

Los Relatores junto con los Expertos y los Grupos de Trabajo, son parte
de los denominados “Procedimientos Especiales” del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.  Surgieron
<http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx>al final de
la década de los sesenta para investigar la terrible situación de
Derechos Humanos en Sudáfrica y fueron determinantes en la comprensión
del fenómeno de las desapariciones durante la dictadura militar en
Chile.  Hoy en día abordan los más diversos temas
<http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&Lang=Sp>y
sus observaciones son relevantes para cualquier país democrático
(incluido el Ecuador), así como fundamentales a la hora de concretar las
obligaciones de los Estados frente a un derecho o a un grupo poblacional
determinado.  son fundamentales a la hora de concretar las obligaciones
de los Estados frente a un derecho o a un grupo poblacional determinado.  

Son elegidos en un proceso público en razón a sus conocimientos
especializados, experiencia e imparcialidad,  no reciben ninguna
remuneración por su trabajo y están encargados
<http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/OHCHR_Handbook_SP.pdf>
de consolidar una interpretación adecuada de los estándares de derechos
humanos, realizar visitas a los países para estudiar determinadas
situaciones y formular recomendaciones.  A menudo solicitan “con
urgencia, aclaraciones por parte de los Gobiernos sobre presuntas
violaciones y, llegado el caso, [ruegan] que apliquen medidas de
protección para velar por o restaurar el disfrute de los derechos
humanos”.  Ante determinados eventos y si lo consideran necesario,
exponen “los motivos de su preocupación a la opinión pública a través de
los medios de comunicación o de otras declaraciones públicas”.  

No se alejan de su mandato cuando llaman la atención a un gobierno sobre
una situación que les preocupa: de hecho, esa es su razón de ser, pues
al manifestarse públicamente advierten sobre la puesta en riesgo de un
derecho humano y con ello salvan vidas y promueven el ejercicio
democrático del poder de los Estados.

En el caso de Acción Ecológica, se juntaron cinco Procedimientos en
cumplimiento de su deber de promoción de los derechos de los defensores
de derechos
<http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx>humanos,
entre los que se cuenta el mismo derecho a “dirigirse sin trabas a los
organismos internacionales” cuando quiera que consideren que un derecho
ha sido vulnerado o puesto en riesgo.  

La reacción del Estado ante un llamamiento de los Procedimientos,
debería ser la de disponer lo necesario para iniciar una investigación
rápida e imparcial que determine la dimensión de los hechos denunciados
(artículo 9 de la Declaración sobre defensores
<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf>)
y así pronunciarse -con las formas propias y adecuadas de la diplomacia
internacional-, sobre las medidas que adoptó para corregir o mitigar la
situación, o para aclarar información que no es exacta.

En cambio, una reacción basada en acusaciones contra los peticionarios o
el descrédito de los Procedimientos, es del todo inconveniente y
contraría las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano,
específicamente la que lo convoca a cooperar  con ellos en el desempeño
de sus tareas, respondiendo, según el Código de Conducta de los
titulares e mandatos “sin dilación indebida a las comunicaciones que
éstos les transmitan”.  

No deja de causar estupor que el Estado exija airadamente que los
Procedimientos esperen los 60 días para hacer públicas sus
preocupaciones, cuando sólo otorgaron a Acción Ecológica 24 horas para
responder al escrito de disolución.  Exigir el cumplimiento de la ley
requiere de saber cumplirla, más aún cuando se está en representación
internacional de todas y todos los ecuatorianos.   

Instamos a que desde el primer día de este nuevo año, se envíen mensajes
respetuosos a los organismos internacionales que no hacen más que
fortalecer el ejercicio de la democracia y, abierto el debate,
proponemos aprovechar la coyuntura, para que las autoridades
correspondientes den a conocer a las ciudadanas y los ciudadanos
ecuatorianos el nivel de cumplimiento de todas y cada una de las
recomendaciones realizadas por los Procedimientos que ya han visitado el
país
<http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en>
(el de derechos de los migrantes en 2001, el de la independencia de
jueces y abogados en 2005, el de pueblos indígenas en 2006 y 2009, el de
la salud en 2007, el de la extrema pobreza en 2008, el de la deuda
externa en 2009, el de la descendencia africana en 2009, el de las
ejecuciones extrajudiciales en 201 y, el del derecho a la educación en
2012), teniendo en cuenta el mandato constitucional que nos faculta como
ciudadanos a hacer cumplir sus recomendaciones inclusive por la vía de
la acción de incumplimiento (artículo 93 de la Constitución de
Montecristi
<http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>).
 

Así mismo, creemos importante que se aclare públicamente la razón por la
cual no se han hecho efectivas las invitaciones y visitas de los
Procedimientos que lo han solicitado
<http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en>,
es decir, los relativos a personas desplazadas, a la independencia de
jueces y abogados, a los pueblos indígenas, de libre expresión, de
derechos culturales y del derecho a la asociación y reunión. Temas de
relevancia particular en los actuales momentos.

Estamos convencidos de que una apertura a estos Procedimientos enviaría
una señal positiva sobre la voluntad de someterse al examen
internacional como una forma de mejorar la democracia, y como una prueba
real de que los funcionarios públicos creen y respetan el mandato
constitucional  que “reconoce al derecho internacional como norma de
conducta” (art. 416, numeral 9
<http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>). 


ACCIÓN ECOLÓGICA
2 de enero de 2017


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